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16 de marzo de 2025 Lectores: 153
En la provincia del Chaco, se desató un intenso debate en torno a la implementación de una ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares en las cárceles. Esta medida, impulsada por el gobierno provincial, busca combatir las estafas y extorsiones realizadas desde los penales, garantizando la comunicación de los detenidos a través de teléfonos fijos y dispositivos supervisados.
Sin embargo, la Defensoría General Adjunta, liderada por Gisela Gauna Wirz, y el Comité para la Prevención de la Tortura han presentado un hábeas corpus colectivo ante el Superior Tribunal de Justicia. Argumentan que la medida genera aislamiento y califican la prohibición como un acto de crueldad. Además, solicitan la inconstitucionalidad de la ley, cuestionando su impacto en los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
El plazo para la entrega voluntaria de los celulares vence este sábado, y se prevé que el lunes comiencen las requisas en las cárceles. Mientras tanto, el debate sigue encendido, enfrentando posturas sobre seguridad pública y derechos fundamentales.
La resolución del tribunal será clave para definir el futuro de esta controvertida política. ¿Es posible equilibrar la seguridad con el respeto a los derechos humanos? El tiempo lo dirá.
